El Gobierno y las inmobiliarias

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que no abandonará “a su suerte” a las empresas dedicadas a la construcción residencial, a pesar de que según las palabras del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el Gobierno no impedirá artificialmente el ajuste del sector.  Corredor apuntó que su departamento trabajará para que el ajuste del mercado residencial se lleve a cabo de una manera “inteligente”, de forma que las empresas más productivas salgan reforzadas y se den soluciones a las necesidades de vivienda de los ciudadanos… Espero que la Ministra también tenga en cuenta que en los momentos de “vacas gordas” hasta las empresas constructoras “más productivas” se han beneficiado de la burbuja inmobiliaria y que por tanto no han sido ajenas a la especulación y han colaborado igualmente a la brutal subida de los precios de la vivienda. 

Por tanto, mi opinión es que ni se cierren las posibles vías de ayudas, ni se abran puertas a una intervención protectora para impedir que el mercado de la vivienda se autorregule. Entre otras cuestiones porque cuando las constructoras y promotoras ganaban dinero a “mantas” a costa de los “curritos”, nadie fue lo suficientemente solidario para rebajar un poquito los beneficios y hacer viviendas más baratas, todo lo contrario, el precio subía y subía hasta límentes que han llevado a muchos jóvenes a tener  que hipotecarse “de por vida”.

La ayuda tiene que ser para la compra de vivienda, pero viviendas asequibles económicamente, donde el precio de la vivienda y el beneficio empresarial estén equilibrados. Y ahí sí tienen mucho que ver los Ayuntamientos…, que en la mayoría de las ocasiones obtienen suculentas fuentes de financiación a través de la calificación de terrenos para construir viviendas. Por ello, sí estoy de acuerdo en que el Gobierno reforme la financiación local, de forma que los ayuntamientos tengan un papel protagonista en la definición y aplicación de la política de vivienda.

Sólo espero que dentro del paquete de medidas anunciado por la ministra no se contemple sólo el reforzamiento de las empresas más productivas, sino que también se tenga en cuenta facilitar las posibilidades de acceso  de los ciudadanos a una vivienda, fundamentalmente, digna. A lo cual si está obligado el gobierno por precepto constitucional.

 

 

 

 

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