El Gobierno y las inmobiliarias

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que no abandonará «a su suerte» a las empresas dedicadas a la construcción residencial, a pesar de que según las palabras del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, el Gobierno no impedirá artificialmente el ajuste del sector.  Corredor apuntó que su departamento trabajará para que el ajuste del mercado residencial se lleve a cabo de una manera «inteligente», de forma que las empresas más productivas salgan reforzadas y se den soluciones a las necesidades de vivienda de los ciudadanos… Espero que la Ministra también tenga en cuenta que en los momentos de «vacas gordas» hasta las empresas constructoras «más productivas» se han beneficiado de la burbuja inmobiliaria y que por tanto no han sido ajenas a la especulación y han colaborado igualmente a la brutal subida de los precios de la vivienda. 

Por tanto, mi opinión es que ni se cierren las posibles vías de ayudas, ni se abran puertas a una intervención protectora para impedir que el mercado de la vivienda se autorregule. Entre otras cuestiones porque cuando las constructoras y promotoras ganaban dinero a «mantas» a costa de los «curritos», nadie fue lo suficientemente solidario para rebajar un poquito los beneficios y hacer viviendas más baratas, todo lo contrario, el precio subía y subía hasta límentes que han llevado a muchos jóvenes a tener  que hipotecarse «de por vida».

La ayuda tiene que ser para la compra de vivienda, pero viviendas asequibles económicamente, donde el precio de la vivienda y el beneficio empresarial estén equilibrados. Y ahí sí tienen mucho que ver los Ayuntamientos…, que en la mayoría de las ocasiones obtienen suculentas fuentes de financiación a través de la calificación de terrenos para construir viviendas. Por ello, sí estoy de acuerdo en que el Gobierno reforme la financiación local, de forma que los ayuntamientos tengan un papel protagonista en la definición y aplicación de la política de vivienda.

Sólo espero que dentro del paquete de medidas anunciado por la ministra no se contemple sólo el reforzamiento de las empresas más productivas, sino que también se tenga en cuenta facilitar las posibilidades de acceso  de los ciudadanos a una vivienda, fundamentalmente, digna. A lo cual si está obligado el gobierno por precepto constitucional.

 

 

 

 

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¿Crisis o desaceleración?. ¡Qué más da…! La cuestión es que tenemos un problema serio…

Da la impresión que los políticos de nuestro país están más preocupados por las definiciones de la situación  que atraviesan algunos sectores de la economía española, que en la articulación de propuestas y soluciones para resolver estos problemas, los cuales además están perfectamente identificados.

A mí, como a muchos ciudadanos, me da igual que lo llamen desaceleración, que lo definan como crisis. Lo que no me da igual es que suba tanto el petróleo y lo que ello conlleva, que suba la cesta de la compra, que suba el euribor. Porque todas estas circunstancias, las llamen como las llamen, sí afectan bastante a las economías familiares.

Pero… siendo justo, supongo que tampoco está en manos de cualquier gobierno dar soluciones a problemas que tienen un ámbito internacional, aunque sí que pueden acometer medidas para amortiguar, dentro de lo posible, el impacto en las economías nacionales de los problemas económicos «globalizados». Esa si es la responsabilidad del gobierno de cada país. No obstante, creo que la autoalarma es un error porque finalmente nosotros mismos generamos psicósis, seguramente que infundadas (quiero recordar hace poco tiempo el acopio de arroz en Estados Unidos…) Ni tampoco creo que sea bueno para la economia del país que se aprovechen las malas coyunturas económicas para que colectivos concretos reclamen sus reivindicaciones históricas al gobierno, porque al final, las medidas que adopta el Ejecutivo las pagamos todos los españoles. Y que quereís que os diga, mi nómina no está para muchos «pellizcos».

El gobierno pude poner en marcha medidas de contención, pero no de solución: la burbuja inmobiliaria ahora paga los excesos de los beneficios desmesurados del sector; las hipotecas tienen, por sí solas, el riesgo del interés variable; quién necesita de los carburantes para su negocio corre el riesgo de las subida del petróleo y así sucesivamente hasta que llegá a mí.  Y yo, que dependo de una nómina, asumo el riesgo de que suba todo lo comentado anteriormente y haber a quién le pido ayuda…. Entramos en una espiral donde la cabeza se come la cola, el eslabón más débil, en definitiva los consumidores, que en su inmensa mayoría dependen de salarios, pensiones y prestaciones las cuales no podrán subir como sube el petróleo, el euribor o el IPC…

Por tanto las reivindicaciones de los colectivos y de los sectores han de ser justas y como consecuencia de la actual situación económica del país y no por de otro tipo circunstancias propias del ejercicio de sus respectivas actividades económicas. Y las medidas adoptadas por el gobierno también han de ser justas y equilibradas (no beneficiar a unos en perjuicio de otros), adaptadas al problema económico coyuntural. Porque de lo contrario, las soluciones, las justicia y la solidaridad que se piden, al final, puede convertirse en injsuticia e insolidaridad.

Lo que se dice siempre…. en el término medio está la virtud.